Lima, Ginebra, 26 marzo 2012
El Estado peruano fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los días 19 y 20 de marzo en Ginebra, ante una amplia delegación estatal de alto nivel y con la presencia de representantes de organizaciones clave de la sociedad civil.
El Comité, que había sido previamente informado a puerta cerrada sobre los aspectos cruciales de derechos humanos de Perú por representantes la sociedad civil, manifestó su preocupación ante la ausencia de Plan Nacional de Derechos Humanos, entre otros temas. También se discutió repetidamente la ambigüedad de la legislación que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales, así como las agresiones a defensores de derechos humanos y las 26 muertes ocurridas en el contexto de conflicto social. La delegación estatal aseguró que en el Perú no se criminaliza la protesta social y que existe un nuevo decreto ley que aclarará las posibles ambigüedades en la ley.
La situación de sobrepoblación y condiciones extremas de las cárceles en el Perú, en particular la del Penal de Challapalca, ubicado a mas de 4,600 metros sobre el nivel del mar en la región Tacna, y del Penal Yanamano, fue altamente discutida. El Presidente del Comité, Mr. Rodley, resaltó que “una población carcelaria de 60,000 presos para 29,000 celdas, indica que muchos viven en condiciones catastróficas y que se deben buscar alternativas urgentes”. La delegación estatal indicó que, pese a las recomendaciones de varios Comités, las cárceles de Challapalca y Yanamayo no pueden ser cerradas debido a la falta de alternativas.
La ausencia de justicia y reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno vivido entre 1980 y 2000 también fue objeto de preocupación por parte del Comité, acentuando la necesidad de otorgar compensación económica adecuada a todas ellas. De la misma forma el Comité se mostró consternado por la situación de las víctimas de esterilizaciones forzadas, que a pesar del tiempo transcurrido no acceden ni a una reparación ni a justicia. Por último, el Comité hizo hincapié sobre la estricta penalización del aborto, ante la cifra proporcionada por la sociedad civil de 300,000 abortos estimados anualmente, y la falta de un Protocolo que regularice el acceso al aborto legal terapéutico, tal y como exigió el Comité en el caso KL contra Perú.
Asistieron como parte de la delegación peruana la Ministra de Justicia Eda Rivas, el Fiscal de la Nación José Antonio Pelaez, los vocales supremos Víctor Prado y Javier Duverly, además de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Salud, entre otros.
Participaron como sociedad civil la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CLADEM, DEMUS, PROMSEX, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y Amnistía Internacional, entre otros.
La Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos sobre serán emitidas a partir del 28 de marzo del presente año.
La retransmisión en diferido del examen de Perú por el Comité de Derechos Humanos se puede ver en http://www.treatybodywebcast.org/tag/peru/.
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Para tener Presente:
El Comité de Derechos Humanos, está compuesto por 18 expertos independientes responsables de monitorear el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que fue ratificado por el Perú en el año 1978.
El informe presentado por el Estado Peruano, lo hace con más de 7 años de retraso.
El informe alternativo presentado ante el Comité por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el CCPR Centre se puede descargar aquí.
Para información adicional contacte:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Página web: http://derechoshumanos.pe/
Contacto: Miguel Jugo, miguel@derechoshumanos.pe
Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR Centre)
Página web: www.ccprcentre.org
Contacto: Liliana Trillo, ltrillo@ccprcentre.org
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